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Temas relativos a la CTG, el SOAT, competencia desleal en las fronteras y el rol de los GAD`s, fueron los más debatidos en el Pleno PDF Print E-mail
Written by Prensa de la Asamblea Nacional   
Thursday, 02 December 2010 14:29

Asambleístas de diversas bancadas legislativas consideraron de vital importancia el tratamiento de las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con un enfoque de defensa de los derechos de los ciudadanos, en lugar de privilegiar los intereses de gremios y corporaciones vinculadas con el transporte, por legítimos que éstos sean.
Es momento de acabar con la corrupción; dar un servicio eficiente y seguro para la ciudadanía; que las aseguradoras cumplan con su obligación de atender oportunamente las demandas de las víctimas de accidentes de tránsito; establecer claramente el juzgamiento de las infracciones de tránsito, así como las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD`s), dijeron.

En el debate se habló sobre la Comisión de Tránsito del Guayas, que si bien es un organismo que se ha encargado del tránsito y seguridad vial en esta jurisdicción, en los últimos tiempos se ha visto envuelto en actos de corrupción, por lo creen pertinente se dé Paso a una reingeniería de esta institución, a fin de que resurja como un organismo noble al servicio de la ciudadanía. No conviene que se queden en el desempleo hombres y mujeres, buscando desaparecer esta institución que has sido emblemática, dijeron, al sugerir que no se derogue el Libro VI de la Ley de Tránsito.

Así mismo, plantearon que mediante disposición transitoria se establezca que hasta que los cantones de las provincias asuman la regulación y control del tránsito, la Comisión de Tránsito continúe en sus funciones y atribuciones y, una vez que asuman todas las competencias, se aplique el procedimiento establecido en la Constitución y en el Código Orgánico de Organización Territorial, en esta materia.

En torno al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, subrayaron que ha existido un asalto a los usuarios, porque únicamente se ha enriquecido a un grupo minúsculo de aseguradoras, que perciben grandes utilidades pero no garantizaron la atención oportuna e inmediata de las víctimas y sus familias. Hay que tomar en cuenta, también, que los hospitales y médicos se niegan a dar el auxilio emergente para las víctimas de accidentes de tránsito, por tanto, creen que el Fonsat debe estar a cargo de este servicio, pero que a su vez rindan cuentas de los valores que ingresan por este motivo.

Igualmente, con la finalidad de que se termine la competencia desleal de transportistas extranjeros, quienes han instalado terminales clandestinas en la frontera norte para dar servicio a personas que se trasladan desde Tulcán a Ipiales o de Tulcán a Pasto, lo cual ha generado el desempleo a nuestros compatriotas taxistas legalmente organizados y, lo peor es que no existen las sanciones debidas en estos casos. Por ello, solicitaron que en el cuerpo legal se determinen las respectivas sanciones para quien preste el servicio de transporte de personas, carga o bienes que no esté legalmente autorizados.

Así mismo, consideraron que es inconstitucional juzgar en ausencia del infractor las contravenciones, pues contradice con el derecho a la defensa, a la vez, pidieron que se exija requisitos de probidad, idoneidad para quien aspire ser director de la Comisión de Tránsito, así como clarificar los artículos referentes a las contravenciones.

Lamentaron que los delegados de tricimotos, mototaxis, ciclistas no estén presentes en este debate. Hay que poner por delante el interés de la ciudadanía y no el interés de grupo, señalaron, al reclamar una revisión exhaustiva de la ley de tránsito, a fin de compatibilizar lo que establece la Constitución y el Código Orgánico de Organización Territorial, en lo que tiene que ver con las competencias que tienen que asumir los gobiernos autónomos descentralizados, así mismo, que no es conveniente el aumento de puntos en las licencias de conducir; que todas las escuelas de capacitación de choferes profesionales entreguen el listado completo de quienes pasaron las pruebas, a fin de que se les entregue únicamente a ellos las respectivas licencias y así terminar con la corrupción en este campo.

El segundo debate de la Ley reformatoria a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que tiene por objetivo adecuar su texto a las normas constitucionales vigentes, que establecen como competencia exclusiva de los gobiernos regionales, distritos metropolitanos y municipales la planificación, regulación y control del tránsito, continuará el próximo martes a partir de las 09:30, en el marco de la sesión 77 del Pleno.

Durante la mañana y tarde de este miércoles intervinieron 26 asambleístas, restan por hacer uso de la palabra 32 legisladores.

Sin duda el tema de mayor debate tuvo relación con la permanencia de la Comisión de Tránsito del Guayas, CTG, como órgano rector de esta materia en la jurisdicción de esta provincia. A la vez, hubo voces que demandaron una reingeniería que recupere su credibilidad institucional, venida a menos por denuncias de corrupción.

Respecto de los puntos que se acreditan en la licencia de conducir, varios asambleístas expresaron la necesidad de revisar los 30 puntos, que serían insuficientes, dada la severidad de las sanciones que, en algunos casos, llega a la reducción de 11 unidades, en contravenciones graves, cuando en países como Estados Unidos la rebaja mayor no supera los cinco puntos.

Otros criterios, en cambio, apuntaron hacia mantener el puntaje de 30 en las licencias y aplicar más rigurosidad en los mecanismos para la recuperación de los puntos perdidos por las contravenciones, de manera que los conductores piensen una y mil veces antes de cometer nuevas infracciones, es decir que este sistema sirva como un elemento disuasivo a fin de que quien está al volante de un vehículo se esmere por conducir de manera óptima.

También se refirieron a la legalización de los taxis ejecutivos, en reconocimiento del derecho al trabajo, garantizado en la Constitución de la República, al tiempo que se sugirió establecer medidas que impidan el monopolio en esta actividad, pues así como hay quienes tienen un vehículo destinado a la transportación de personas como medio de sustento de la familia, hay quienes tienen tres, cinco, diez o más unidades, lo cual constituye un abuso.

 


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