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Caducidad de la prisión preventiva | Pregunta 1 PDF Print E-mail
Written by Fernando Cáceres   
Thursday, 21 April 2011 15:00

O sea que ningún delincuente podrá salir libre por trampas de su abogado o de funcionarios de la administración de justicia que provoquen retrasos expresos para acogerse a la caducidad. Además quienes hagan esto, serán severamente sancionados. Se acabo la impunidad.

Pregunta: ¿Está usted de acuerdo en enmendar el numeral 9 del artículo 77 de la Constitución de la República, incorporando un inciso que impida la caducidad de la prisión preventiva cuando esta ha sido provocada por la persona procesada y que permita sancionar las trabas irrazonables en Ia administración de justicia por parte de juezas, jueces, fiscales, peritos o servidores de órganos auxiliares de la función judicial?

 

Anexo 1.-

Incorpórese a continuación del primer inciso al numeral 9 del artículo 77, uno que dirá:

“La orden de prisión preventiva se mantendrá vigente y se suspenderá ipso jure el decurso del plazo de la prisión preventiva si por cualquier medio, la persona procesada ha evadido, retardado, evitado o impedido su juzgamiento mediante actos orientados a provocar su caducidad. Si la dilación ocurriera durante el proceso o produjera la caducidad, sea esta por acciones u omisiones de juezas, jueces, fiscales, defensor público, peritos o servidores de órganos auxiliares, se considerará que estos han ocurrido en falta gravísima y deberán ser sancionados de conformidad con la ley”.

QUICHUA

1.- ¿kikinka ima nipankita kay 9 yupariy 77 yupay mama kamachiypi tiyakukwan, kay willachiypika kashnami nikun, maykan lIakipi urmashka rikuy tukukuktaka mana yankata kallarinallachu, kay kamakkunaka mana yankata kacharinallachu

kan, lIakita mashkashpa lIakichikkuna mana imata ushashkapipash mana kacharinallachu ninmi kay 1 mikra willachipi?

Ari (  )   Mana (  )

ARGUMENTOS PARA VOTAR SI

La prisión preventiva es un dispositivo, un mecanismo para conseguir la Justicia en un sistema penal. Permite que los encausado puedan estar disponibles para la realización de las etapas procesales. Que no existan fugas.

Mediante la norma constitucional la prisión preventiva hasta que se dicte la sentencia, solamente puede ser para los delitos sancionados con prisión, como por ejemplo el robo sin violencia; y, de un año cuando se trata de delitos graves, como puede ser un homicidio. Estos plazos no se modifican con la pregunta del referéndum, simplemente se incluye en la Constitución, algo que ya se encontraba en la Ley, y que limita cuando los encausados son los responsables de retarda el juicio, con el claro propósito de que los plazos permitidos para la prisión preventica “caduquen”, concluyan y así salir en libertad utilizando mal este límite que fue dispuesto para evitar un abuso y un retardo por parte de los administradores de justicia.

También se limita para que los jueces corruptos utilicen esta figura para beneficiarse, así como beneficiar a delincuentes que cuentan con esta medida.

-       La Corte Constitucional (CC) sostiene que la prisión preventiva consiste en un “dispositivo procesal” que tiende a evitar que el responsable de un hecho delictivo eluda la acción de la justicia aprovechando el estado de inociencia del cual goza durante el proceso. Es pues de carácter instrumental y “no penal material”, es decir, al regular que cuando los encausados demoran el proceso estando en prisión preventiva, la constitución ordinaria, de aprobarse la consulta, que el plazo constitucional se suspenda para evitar la utilización, como un recurso más por parte de un posible reo, y no como un mecanismo de defensa contra la lentitud del procedimiento penal.

-       En consecuencia la CC plantea que la caducidad responde a la naturaleza provisional de la prisión preventiva y a prevenir el posible abuso del derecho por parte de los jueces.

-       La CC analiza la jurisprudencia de la CIDH, el caso Suárez Rosero vs. Ecuador, determinando que cuando una legislación nacional prevé como medida la prisión previa a la expedición de sentencia ordenatoria debe considerar: 1) la complejidad del asunto, 2) la actividad procesal del encausado; y, 3) la conducta de las autoridades judiciales. Con este fallo se considera que los plazos devienen en parámetros auxiliares, sin por ello vulnerar derechos. Que lo necesario es aplicar criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

-       La pregunta no implica un cambio social sustancial al derechos a la libertad sino la posibilidad de generar un mecanismo de dote de eficacia a este dispositivo que regula derechos y garantiza actos procesales para el ejercicio de los derechos.

-       La pregunta precautela  los derechos del encausado pues no deja a voluntad y discrecionalidad del juzgador, sino que establece en la misma enmienda constitucional los casos, basados en los criterios de la Corte Interamericana, en los cuales habrá una suspensión del plazo y por tanto un aplazamiento en la prisión preventiva provocado por el encausado.

-       La CC entiende que el objetivo de la pregunta del proponente es establecer parámetros secundarios que den eficacia al dispositivo de la prisión preventiva. Uno de ellos es el constitucionalizar el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal, que plantea la suspensión ipso jure del recurso de los plazos determinados para la caducidad de la prisión preventiva, dotando así de eficacia constitucional a la aplicación directa e inmediata de esta norma, por parte de los operadores de justicia; haciendo uso de su facultad interpretativa.

-       Las consideraciones más importante son ubicar a la prisión preventiva como un dispositivo que asegura la eficiencia procesal y por tanto la garantía del proceso para resarsir a la sociedad del daño incurrido por la presunta acción delictiva.

-       La caducidad de la prisión preventiva constituye así 7un mecanismo de  cumplimiento de ese dispositivo y así se regula, por tanto, no se afecta el “derecho de protección”, sino el de juzgamiento.

-       Se plantea la modificación que ya el artículo 169 (modificado en el presente proceso legislativo postconstitucional) incluya de evitar que el procesado defiera el acto de su propio juzgamiento para una utilización ilegítima de la caducidad de la prisión preventiva.

-       La Corte Constitucional recoge las inquietudes referidas a la posible arbitrariedad de los operadores de justicia que puede ocasionar “a pedido” el diferimiento de los procesos para que proceda la caducidad de la prisión preventiva.

-       En síntesis, la pregunta pretende garantizar un debido proceso no solo en relación al procesado sino en relación a la víctima, así como generar verdaderos principios de celeridad, efectividad por parte de los administradores de justicia. Se garantiza que los administradores de justicia estén efectivamente sujetos al principio de responsabilidad consagrando por nuestra Constitución en el artículo 172, cuando señala lo siguiente “Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la Ley”.

 


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