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Modificación del Consejo de la Judicatura | Pregunta 5 PDF Print E-mail
Written by Fernando Cáceres   
Thursday, 21 April 2011 16:06

En tus manos está la oportunidad histórica de tener una justicia de verdad. El Consejo de la Judicatura actual está compuesto por 9 miembros y no ha funcionado; por eso proponemos una estructura más eficiente formada por: La Corte Nacional de Justicia, Fiscal General, Defensor Público, Función Ejecutiva y Asamblea Nacional para que todos se corresponsabilicen de la correcta administración de Justicia.

¿Está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial, como lo establece el anexo 5?

Anexo 5

Enmiéndese la Constitución de la República del Ecuador de la siguiente manera:

Los artículos 179 y 181 de la Constitución de la República dirán: “Art. 179.- El Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá; por el Fiscal General del Estado, por el Defensor Público, por la Función Ejecutiva y por la Asamblea Nacional.

Los delegados mencionados en el inciso anterior serán elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de un proceso público de escrutinio con veeduría y posibilidad de una impugnación ciudadana.

El procedimiento, plazos y demás elementos del proceso serán determinados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los miembros del Consejo de la Judicatura, tanto titulares como suplentes, durarán en el ejercicio de sus funciones 6 años.

El Consejo de la Judicatura rendirá su informe anual ante la Asamblea Nacional, que podrá fiscalizar y juzgar a sus miembros”.

“Art. 181.- Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que determine la ley:

1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial.

2. Conocer y aprobar la proforma presupuestaria de la Función Judicial, con excepción de los órganos autónomos.

3. Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como, su evaluación, ascensos y sanción. Todos los procesos serán públicos y las decisiones motivadas.

4. Administrar la carrera y la profesionalización judicial, y organizar y gestionar escuelas de formación y capacitación judicial.

5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial. Las decisiones del Consejo de la Judicatura se tomaran por mayoría simple.” Suprímase el último inciso del artículo 180 de la Constitución. Refórmase los siguientes artículos del Código Orgánico de la Función Judicial:

1.- En los artículos 60, 65, 66, 72, 89, 115, 157 y 298, en donde dice: “Comisión de Administración de Recursos Humanos”, dirá: “Unidad de Recursos Humanos”.

2.- El primer inciso del artículo 99 dirá: “Art. 99.- COMISIÓN DE SERVICIOS.- Cuando la servidora o el servidor de la Función Judicial tuviere que trasladarse fuera del lugar de su sede de trabajo para cumplir sus funciones, se le declarará en comisión de servicios con remuneración. La comisión que deba cumplirse en el país o en el exterior será otorgada por el Director General del Consejo de Ia Judicatura.”

3.- El numeral 10 del artículo 100 dirá: “… 10. Residir en el lugar en donde ejerce el cargo. Excepcionalmente podrá residir en otro lugar cercano, de fácil e inmediata comunicación, en virtud de autorización expresa de la Directora o Director de la Unidad de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura; … “

4.- El inciso cuarto del artículo 101 dirá: “Igualmente la servidora o el servidor de la Función Judicial podrá solicitar el traslado a un puesto o cargo que a la fecha estuviere vacante. El Director General del Consejo de la Judicatura o la Directora o el Director Provincial, según el caso, podrá resolver favorablemente tal solicitud si la servidora o el servidor de la Función Judicial, de acuerdo a la evaluación respectiva, tiene la idoneidad y la preparación apropiadas para el nuevo puesto o cargo.”

5.- El inciso tercero del artículo 183 dirá: “Necesariamente cada jueza o juez integrará por lo menos dos salas, a excepción de la Presidenta o Presidente de la Corte, que deberá integrar solamente una. Sin embargo, de creerlo necesario, a pedido suyo, en su lugar podrá actuar una Conjueza o Conjuez. Al efecto, al posesionarse las juezas o los jueces acordarán las salas que integrarán. De no hacerlo, esta designación la hará el pleno de la Corte Nacional, el cual igualmente podrá modificar en cualquier tiempo y disponer la integración, tomando en cuenta la especialización y el perfil de la jueza o juez.

6.- El numeral 7 del artículo 109 dirá: “…7. Intervenir en las causas que debe actuar, como Juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable; …”

7.- El numeral 7 del artículo 217 elimínese las palabras “comisiones especializadas”.

8.- En el artículo 255 agréguese como numeral 3, lo siguiente: “…3. Manifiesta inoperancia en el cumplimiento de sus funciones; …”

9.- Suprímanse los artículos 257, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 y 278.

10.- Los artículos 258, 261, 262, 263, 264, 269, 279 y 280, dirán lo siguiente: “Art. 258.- INTEGRACIÓN.- El Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá; por el Fiscal General del Estado, por el Defensor Público, por la Función Ejecutiva y por la Asamblea Nacional.

Los delegados mencionados en el inciso anterior serán elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de un proceso público de escrutinio con veeduría y posibilidad de una impugnación ciudadana. El procedimiento, plazos y demás elementos del proceso serán determinados por el Consejo de Participación y Control Social.

Los miembros del Consejo de la Judicatura, tanto titulares como suplentes, durarán en el ejercicio de sus funciones 6 años. El Consejo de la Judicatura rendirá su informe anual ante la Asamblea Nacional, que podrán fiscalizar y juzgar a sus miembros. Los Miembros del Consejo, en caso de ausencia o impedimento, serán sustituidos por sus alternos.

Art. 261.- ESTRUCTURA FUNCIONAL.- El Consejo de la Judicatura ejercerá sus funciones a través de los siguientes componentes estructurales:

1. El Pleno;

2. La Presidencia;

3. La Dirección General;

Las Direcciones Provinciales serán ejercidas por el Presidente de la Corte Provincial, conjuntamente con los Delegados que el Consejo de la Judicatura determine, de conformidad con la regulación de la materia. Las unidades administrativas necesarias, cuya creación, organización, funciones, responsabilidades y control establecen y regulan este Código y el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, según corresponda, se encargarán de la planificación estratégica, la gestión del talento humano, la transparencia y la difusión a la comunidad de los resultados de su gestión.

Art. 262.- INTEGRACIÓN.- El Pleno se integrará con sus cinco Miembros o por quienes les sustituyeren. Será presidido por la o el Delegado del Presidente de la Corte Nacional de Justicia y, en caso de ausencia o impedimento de este, por su alterno. En caso de ausencia o impedimento de ambos, por el Miembro que designe el Pleno. Actuará como Secretaria o Secretario del Pleno, la Secretaria o el Secretario del Consejo o quien le sustituyere.

Art. 263.- QUÓRUM.- El quórum para la instalación será de tres de sus integrantes. Para todas las decisiones se requiere mayoría simple. En los casos de empate, el voto de quien presida la sesión será decisorio.

Art. 264.- FUNCIONES.- Al Pleno le corresponde:

1. Nombrar y evaluar a las juezas y a los jueces y a las conjuezas y a los conjueces de la Corte Nacional de Justicia y de las Cortes Provinciales, juezas y jueces de primer nivel, Fiscales Distritales, agentes fiscales y Defensores Distritales, a la Directora o al Director General, miembros de las direcciones regionales, y directores nacionales de las unidades administrativas; y demás servidoras y servidores de la Función Judicial;

2. Remover libremente a la Directora o al Director General, miembros de las direcciones regionales, directores administrativos nacionales y directores provinciales;

3. Aprobar, actualizar y supervisar la ejecución del plan estratégico de la Función Judicial;

4. Velar por Ia transparencia y eficiencia de la Función Judicial;

5. Rendir, por medio de la Presidenta o el Presidente del Consejo, el informe anual ante la Asamblea Nacional;

6. Elaborar la proforma presupuestaria de la Función Judicial que será enviada para su aprobación según la Constitución. En el caso de los órganos autónomos, deberán presentar al Pleno del Consejo de la Judicatura su propuesta presupuestaria para su incorporación al presupuesto general de la Función Judicial;

7. Nombrar, previo concurso público de oposición y meritos, sometido a impugnación y control social, a las notarias y los notarios, y evaluar los estándares de rendimiento de los mismos, en virtud de lo cual podrá removerlos de acuerdo lo establecido en este Código;

8. En cualquier tiempo, de acuerdo con las necesidades del servicio de la Función Judicial:

a) Crear, modificar o suprimir salas de las cortes provinciales, tribunales penales, juzgados de primer nivel y juzgados de paz; así como también establecer el número de jueces necesarios previo el informe técnico correspondiente.

b) Establecer o modificar la sede y precisar la competencia en que actuarán las salas de las cortes provinciales, tribunales penales, juezas y jueces de primer nivel; excepto la competencia en razón del fuero. Una misma sala o juzgador de primer nivel podrá actuar y ejercer al mismo tiempo varias competencias;

c) En caso de que, del informe técnico correspondiente, aparezca que existe en forma transitoria en determinada rama de la actividad judicial o en una localidad un número muy alto de causas sin despacho, podrá crear salas o juzgados temporales que funcionarán por el periodo de tiempo que señalará o hasta que se despachen las causas acumuladas; en estos casos se procederá al nuevo sorteo de causas para asignarlas a estas salas o juzgados temporales; y,

d) Crear, modificar o suprimir direcciones regionales o provinciales, las cuales funcionarán de forma desconcentrada;

9. Fijar y actualizar: a) las tasas notariales que serán pagadas por los usuarios de los servicios notariales; b) las tasas por servicios administrativos de la Función Judicial; c) el monto de las tasas y establecer las tablas respectivas por informes periciales, experticias y demás instrumentos similares necesarios en la tramitación de causas, así como sistematizar un registro de los peritos

autorizados y reconocidos como idóneos, cuidando que estos sean debidamente calificados y acrediten experiencia y profesionalización suficiente;

10. Expedir, modificar, derogar e interpretar obligatoriamente el Código de Ética de la Función Judicial, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial;

11. Imponer las sanciones disciplinarias de suspensión de funciones sin sueldo, amonestación escrita o multa a las juezas o jueces y a las conjuezas o conjueces de la Corte Nacional de Justicia;

12. Conocer los recursos que se dedujeren contra las sanciones disciplinarias impuestas por las direcciones regionales a las abogadas y a los abogados por las infracciones cometidas en el ejercicio de la profesión, de acuerdo con este Código;

13. Conocer los informes que presentaren: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Contraloría General del Estado y resolver sobre sus, recomendaciones;

14. Imponer las sanciones disciplinarias de destitución a las servidoras o los servidores judiciales, con el voto conforme de la mayoría de sus Miembros, o absolverles si fuere conducente. Si estimare, que la infracción fuere susceptible solo de suspensión, sanción pecuniaria o de amonestación, las impondrá; y,

15. Emitir opinión respecto de los proyectos de ley referidos a la Función Judicial cuando le sean consultados por la Función Legislativa o Ejecutiva;

Art. 269.- FUNCIONES.- A la Presidenta o el Presidente le corresponde:

1. Cumplir y hacer cumplir, dentro de los órganos de la Función Judicial, la Constitución, la ley y los reglamentos generales; el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos y resoluciones del Pleno;

2. Elaborar el orden del día; convocar y presidir las sesiones del Pleno, y supervisar el cumplimiento de las resoluciones;

3. Elaborar el proyecto del informe anual que debe presentar el Consejo de la Judicatura a la Asamblea Nacional y someterlo a consideración de aquel;

4. Legalizar con su firma, juntamente con la Secretaria o el Secretario, las actas y demás documentos que contengan los reglamentos, manuales, circulares y resoluciones de carácter normativo interno expedidos por el Pleno;

5. Suspender, sin pérdida de remuneración, a las servidoras y a los servidores de la Función Judicial, en casos graves y urgentes, en el ejercicio de sus funciones, por el máximo de noventa días, dentro de cuyo plazo deberá resolverse la situación de la servidora o el servidor de la Función Judicial;

6. Aprobar los acuerdos de cooperación y asistencia, relacionados con la Función Judicial, con organismos nacionales o extranjeros, siempre que estos últimos no contemplen asuntos que tengan el carácter de tratados o instrumentos internacionales; y,

7. Ejercer las demás atribuciones señaladas por la ley, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial y los reglamentos.

Art. 279.- REQUISITOS PARA EL CARGO.- La Directora o el Director General del Consejo reunirá los siguientes requisitos:

1.Ser ecuatoriana o ecuatoriano y hallarse en goce de los derechos de participación política

2. Tener título de tercer nivel legalmente reconocido en el país, en las áreas afines a las funciones del Consejo, y acreditar experiencia en administración; y,

3. Haber ejercido con probidad e idoneidad la profesión o la docencia universitaria en las materias mencionadas por un lapso mínimo de cinco años.

Art. 280.- FUNCIONES.- A la Directora o al Director General le corresponde:

1. Dirigir y supervisar la administración de los recursos humanos, financieros, administrativos de la Función Judicial y los procesos de selección, evaluación, formación profesional y capacitación continua, en el ámbito de su competencia;

2. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Función Judicial;

3. Autorizar el gasto de la Función Judicial, excepto de los órganos autónomos, y asignar montos de gasto a las unidades administrativas correspondientes y a las directoras o directores regionales y provinciales, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

4. Ejercer, a través de los Directores Provinciales, el procedimiento coactivo para recaudar lo que se deba, por cualquier concepto a la Función Judicial, con arreglo al trámite establecido en la ley.

5. Definir y ejecutar los procedimientos para el mejoramiento y modernización de la Función Judicial, para la selección, concursos de oposición y meritos, permanencia, disciplina, evaluación y formación y capacitación de las servidoras y servidores de la Función Judicial, en el ámbito de su competencia;

6. Fijar las remuneraciones para las servidoras y servidores de las carreras judicial, fiscal y de defensoría pública, así como para los servidores de los órganos auxiliares, en las diferentes categorías, y de manera equivalente y homologada entre sí;

7.- Imponer las sanciones disciplinarias de suspensión de funciones sin sueldo, a las juezas o jueces y a las conjuezas o conjueces de las Cortes Provinciales, a las directoras o a los directores regionales, a las directoras o a los directores provinciales y a las directoras o a los directores nacionales de las unidades administrativas; y demás servidores y servidoras de la Función Judicial. La resolución de suspensión será susceptible de apelación para ante el Pleno del Consejo de la Judicatura;

8. Presentar informe al Pleno del Consejo, anualmente, o cuando este lo requiera; y,

9. Ejercer las demás atribuciones señaladas por la ley, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial y los reglamentos. El Director General podrá, por simple oficio, delegar sus funciones a los servidores de la Función Judicial, cuando lo considere necesario.”

Art. 11.- En los artículos 307, 308 y letra d) de la Disposición Transitoria Séptima, reemplácese las palabras “Comisión de Asuntos Relativos a los Órganos Auxiliares”, por “la unidad correspondiente”.

Art. 12.- En el artículo 8 y en el primer artículo enumerado a continuación del artículo 19, agregado por el artículo 9 de la Ley s/n, publicada en el suplemento al Registro Oficial 64 de 8 de noviembre de 1996 de la Ley Notarial, sustitúyase

las referencias a la “Comisión de Asuntos Relativos a los Órganos Auxiliares”, por ” la unidad correspondiente”.

 

5. ¿kikinka imatak niypanki kay jatun tantariy kamachiykta rikuk ukuta allichinallachu kart. Kay mamakamachiykpi shinallatak kamachiykta rurak tantariy ima nikuypi kay 5 mikrapi imatak nikun shina chayta ruranallachu kanchik?

Ari ( ) Mana ( )

 

ARGUMENTOS PARA VOTAR SI

-       La Corte Constitucional no encuentra que esta pregunta altere la estructura fundamental del Estado, ni modifica sus elementos constitutivos o menos que restrinja derechos o garantías constitucionales ni modifiquen el procedimiento de la reforma constitucional. Por ello, cabe sean tramitados por vía enmienda constitucional.

-       Analiza y concluye que la enmienda tampoco cambia la composición de la Función Judicial, sino que propone una modificación de la regla constitucional sobre la composición de un órgano de administración de la Función, así como transforma la designación y origen de sus miembros.

-       La sentencia analiza el 232 de la Constitución de la República sobre si el origen de los miembros del Consejo sería contrario por colisión de interés y no encuentra que exista conflicto de interese entre la potestad de control y un interés particular.

-       La Corte también analiza si la pregunta cinco vulnera o no el principio de independencia externa e interna de la Función Judicial y encuentra que la voluntad del constituyente se debió otorgar a esta función autonomía en el funcionamiento de la administración de la justicia; con un Consejo de la Judicatura con autonomía administrativa, económica y funcional. En ello no hay contradicción si la modificación se refiere al mecanismo de selección y origen de sus miembros.

-       Los miembros de este nuevo Consejo de la Judicatura se seleccionarían por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, garantizando procedimientos de escrutinio público, control ciudadano e impugnación. Se garantiza siempre autonomía de la actuación de quienes conformen el Consejo en su ejercicio.

-       La Corte Constitucional no aprobó la enmienda referida a la duración del ejercicio de los miembros del Consejo, y los sostiene en los seis años que regula la Constitución de la República. Esto quiere decir que al igual que en otros sistemas del mundo la fuente nominadora son los otros poderes del Estado, pero luego adquieren independencia de sus entidades nominadoras. Así se privilegia la autonomía de esta institución, modificando únicamente el origen de la nominación de los miembros de ella. Así pues es importante que los tiempos de nominación del consejo no coincida con los tiempos políticos de las otras funciones, dotándole de este modo de seguridad.

-       La sentencia aborda el anexo de reformas legales propuesto por el Ejecutivo para complementar la enmienda constitucional. Incurre en una contradicción cuando inicia su argumentación planteando que por mandato de la Constitución de la República solamente proyectos de ley negados por la Asamblea Nacional pueden ser objeto de una consulta popular; pero, sostiene al tiempo que para que de inmediato los cambios normativos, consecuencia de enmienda constitucional, no se requeriría de seguir ese procedimiento.

-       Aprueba la inclusión de las modificaciones legales que operarían la enmienda, por la supuesta posibilidad de implementar el cambio constitucional y los efectos mediatos del referendo. La CC plantea por tanto una relación de causalidad entre la pregunta, el anexo de la enmienda y la reforma legal, disponiendo que, en caso de ganar con el voto en la consulta popular, se modifiquen “todos los artículos contenidos en las normas infra constitucionales que tengan relación con aquella”.

-       En relación con el anexo a reformas legales resulta sensata la posición del Decreto Ejecutivo No. 6669 que limita las normas que se modificarían automáticamente en su pedido de Referendo a la autoridad electoral, pues la Corte dejó a un albedrío desconocido en que resultarían afectadas todas las normas infra constitucionales relacionadas con la modificación al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

-       Efectivamente los elementos sustanciales de la Función Judicial no son afectados con la reforma que propone la pregunta cinco, pues el CNJ es un órgano de gobierno y administrativo, de vigilancia y disciplina; entidad sin duda importante per no es el centro donde gravita la administración de justifica que, por disposición constitucional “emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la función judicial” como se dice en el artículo 167 de la Constitución.

-       La Función Judicial es también y esencialmente un conjunto de principios de realización del estado constitucional del justicia y derechos; como establece la Constitución de la República en el artículo 169, es un “sistema procesal es un medio para la realización de la Justicia”. Es decir, la constitución define cuales son las instituciones y los derechos que ha de preservar el estado constitucional. Debe revisarse a la luz de los principios que rigen la Función Judicial; y, de la necesidad que tienen la sociedad ecuatoriana para la realización de la justicia. Lo esencial, por tanto, no se encuentra en la conformación de una de las entidades de la Función, que como señala el artículo 178 de la misma Constitución son las Corte, Juzgados y Tribunales; siendo el Consejo un órgano de administración, gobierno, vigilancia y disciplina nada más.

-       El sustrato del carácter y razón de ser del estado se encuentra en los primeros artículos de la Constitución. El establecimiento y garantía del conjunto de los derechos a las y los ciudadanos es el objetivo supremo del ordenamiento constitucional, y las instituciones, mecanismos y dispositivos, tales como sistemas normativos, institucionales o de principios para las políticas son en consonancia con ese objetivo. Por ello la modificación de una institución de una Función no es una enmienda que implique un cambio estructural ni de la Función Judicial, menos aún del estado constitucional o de derechos.

 

 

 


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