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Según PAIS, la Ley de Comunicación debe ser la más grande expresión de la democratización de la palabra PDF Print E-mail
Written by Prensa Asamblea Nacional   
Wednesday, 23 November 2011 14:49

La Ley de Comunicación es una obligación constitucional, cuyo cumplimiento no puede prolongarse más. El debate ha sido amplio, democrático y ha permitido visualizar las distintas posiciones en los diferentes sectores, subrayaron asambleístas de la bancada de PAIS.
Según este grupo parlamentario, la Ley ha generado la posibilidad de conocer aquellas posiciones desde el ciudadano que estuvo invisibilizado, hasta las que de una u otra manera consideran que la comunicación es un derecho privativo de unas pocas familias propietarias de la verdad absoluta y, sin duda, juzgadoras supremas del bien, del mal, de lo bonito y de lo feo.


Ratificamos, dijeron, nuestra obligación constitucional de entregarle al país una Ley de Comunicación sin dilaciones, sin más demoras, rápida, pronta, urgente. No hay que seguirle haciendo el juego a quienes pretenden imponer su libertad de empresa, cual si la libertad de expresión y de opinión de todos se tratare.

Enfatizaron que los derechos que se garantizan en la Constitución se deben materializar con la aplicación de una ley que sea la más grande expresión de la democratización de la palabra; y, el proyecto de ley en discusión cumple con el mandato popular; contempla, tanto la creación de un Consejo de Regulación, que norme la discusión de contenidos de violencia, explícitamente sexuales y discriminatorios, cuanto las normas necesarias para regular y poner fin a los grupos de poder de algunos medios de comunicación.

Indicaron también que quienes se oponen al proyecto de Ley aprobado por la Comisión, temen perder su derecho a injuriar y que sus negocios se vean afectados por las regulaciones respecto de la calidad que no permitirán, en especial, que los niños, niñas y adolescentes sean expuestos a cualquier cosa que se venda en los mensajes publicitarios.

Los medios de comunicación deben prestar un servicio público que contribuya a garantizar, por parte del Estado, ese derecho, por tanto, el debate debe ir más allá de simplemente proteger un negocio.

Afirmaron que en el proyecto se establece que todo medio de comunicación goza de libertad para realizar y difundir sus programas y contenidos sin más limitaciones que las que se señalan en la Constitución, la ley y los instrumentos internacionales de los cuales Ecuador es signatario.

Con relación a los contenidos discriminatorios, manifestaron que éstos deben ser calificados motivadamente, puesto que de ninguna manera se permite la censura previa, sí la responsabilidad ulterior, que se traduce en la obligación de asumir las consecuencias de difundir contenidos que lesionen derechos.

Indicaron que esta ley será, por primera vez, un instrumento para una verdadera y bien entendida libertad de expresión, que democráticamente garantice el acceso a los derechos de comunicación y permita la democratización de los medios, que deberá ir mucho más allá de una simple distribución equitativa de las frecuencias.

 

 


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