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Asamblea resolvió tres objeciones del veto a las reformas a la Ley de Creación del Consejo de Gestión de Aguas PDF Print E-mail
Written by Prensa Asamblea Nacional   
Thursday, 08 December 2011 14:15

En la reinstalación de la sesión 138 del Pleno, los asambleístas acogieron la sugerencia del presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Mauro Andino Reinoso, quien recomendó ratificar el texto del numeral 4 del artículo 1 del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Creación del Consejo de Gestión de Aguas de la Cuenca del Paute y Derogatoria de las Leyes de Creación de la Junta de Recursos Hídricos y Obras Básicas de los cantones de Jipijapa, Paján y Puerto López y de las Empresas para la Prestación de Servicio Público de Agua Potable y Alcantarillado.


En consecuencia, con 100 votos, ratificó que el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Hidrográfica del Río Paute tiene, entre sus atribuciones, la de coordinar y aprobar los procesos para formular su presupuesto.

Igualmente, con 93 votos, insistió en el texto aprobado por el Pleno en el sentido que el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Hidrográfica del Río Paute, es el órgano colegiado adscrito a la Autoridad Única del Agua, integrado por representantes de los diferentes niveles de gobierno, de los usuarios y de las organizaciones sociales vinculadas a la gestión de los recursos hídricos.

También, los parlamentarios -con 61 votos- se allanaron al veto del Ejecutivo en el texto del último inciso del artículo uno del proyecto, por consiguiente, las resoluciones adoptadas por el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Hidrográfica del Paute deberán ser consideradas por las entidades competentes en los ámbitos de su jurisdicción, de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República y la legislación vigente, con lo cual se clarifica el sentido que el legislador le dio a esta disposición, respecto de la validez y aplicabilidad de las resoluciones del organismo.

El proyecto tiene por objetivo armonizar la legislación al marco constitucional vigente, que asigna a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y a las comunidades la responsabilidad de gestionar e implementar la infraestructura necesaria para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, sin perjuicio de la responsabilidad del Estado de planificar y gestionar, a través de la Autoridad Única del Agua, los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas.

 


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