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Comisión de Fiscalización recomienda que organismos de control continúen con la investigación que permita establecer cómplices y encubridores en caso Duzac PDF Print E-mail
Tuesday, 30 October 2012 19:10

Con seis votos de los asambleístas Fernando Cáceres, Silvia Salgado, Marllely Vásconez, Lídice Larrea, Omar Juez y Cristian Viteri, la Comisión de Fiscalización y Control Político entregará toda la información obtenida en este proceso de investigación, incluido el informe, a la Fiscalía General del Estado y a los organismos de control como Contraloría, Superintendencias de Bancos y Seguros, de Compañías, Comisión de Participación y Control Social, Defensoría del Pueblo, como insumos para que, en cumplimiento de sus obligaciones legales, actúen y mantengan informada de los resultados a la Asamblea Nacional.

En el documento se establece que la Fiscalía General del Estado, en aplicación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción que facilita la investigación conjunta entre los países, coordine con sus pares de la República Argentina, acciones de cooperación que fueren necesarias para las investigaciones que permitan establecer cómplices y encubridores y sanciones a los beneficiarios y responsables del crédito otorgado por COFIEC al ciudadano argentino Gastón Duzac y su relación con la empresa argentina Scanbuy INC, beneficiaria a través de la transferencia del crédito y continúe con sus investigaciones penales en el ámbito nacional, con los aportes complementarios presentados por el organismo legislativo.

Además, se determina que la Superintendencia de Bancos efectúe un examen específico complementario en torno al crédito otorgado al señor Gastón Duzac, en Rocafuerte Seguros S.A. y la Superintendencia de Compañías en Agrícola Mercedes e Induequipos, coordinadamente con la Contraloría General del Estado, de tal manera que la verdad prevalezca, con los aportes complementarios presentados por la Comisión Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional.

Así mismo, que la Superintendencia de Bancos efectúe una auditoría informática para determinar qué funcionarios y exfuncionarios públicos o privados, de manera reiterada, han obtenido información acerca de correos electrónicos y demás información de los funcionarios y de las computadoras de COFIEC S.A., hasta las fechas en que éstas fueron difundidas por algunos medios de comunicación colectiva. También exhorta a la Fiscalía General del Estado a que efectúe las investigaciones que fueren del caso para determinar quienes proporcionaron la información que estaban sujetas a sigilo y reserva bancaria, fuera de los mecanismos legales y reglamentarios establecidos; acerca de la operación de crédito que el Banco COFIEC S.A. otorgó a Gastón Duzac por USD$800.000, con el propósito de sancionar esas conductas que pueden constituir violación de derechos en el ámbito constitucional y legal.

Se dispone que sobre la base de lo resuelto por la Comisión de Fiscalización y Control Político y el Pleno de la Asamblea Nacional en enero de 2010 y considerando que COFIEC S.A., Rocafuerte Seguros, Agrícola Mercedes, y otras entidades referidas en este caso, son instituciones que actualmente forman parte de los resultados negativos de la crisis bancaria y financiera que azotó el país a finales de la década de los años 90 y principios del 2000, presenten a la Asamblea Nacional en el ámbito de sus competencias los informes requeridos para lo cual se estableció un plazo de seis meses.

Para este efecto se resuelve observar a los organismos de control e insistir en la evaluación técnica de la Junta Bancaria respecto del proceso final de finiquito de las liquidaciones de las entidades del sistema financiero, sujetas a restructuración, saneamiento, liquidación y procedimientos de cobro de las pérdidas patrimoniales, con las normas y correctivos que se hayan implementado para impedir que se perfeccione el perjuicio al Estado; así como, la determinación definitiva de responsabilidades frente a la crisis bancaria; en igual sentido se evalúe las acciones de los posteriores administradores de las instituciones en restructuración, saneamiento y liquidación, así como de los funcionarios de la Superintendencia de Bancos que con sus acciones u omisiones, facilitaron y permitieron la dilación de tales procesos; con información y acciones actualizadas a la fecha.

Igualmente, la Contraloría deberá presentar los resultados de los exámenes especiales a los procesos de saneamiento y liquidación forzosa de las instituciones del sistema financiero cuya existencia jurídica se extinguió por efectos de la culminación del proceso liquidatorio y la determinación de los grados de responsabilidad administrativa, civil y presunción de responsabilidad penal, en que se haya incurrido, que hubieren cometido los funcionarios que intervinieron en los procesos desde el inicio de la crisis bancaria.

Mientras que el Consejo Nacional de la Judicatura deberá evaluar e informar a la Asamblea Nacional, sobre los procesos legales a propósito del salvataje bancario de los 90 y los que estuvieren pendientes en la actualidad, estableciendo responsabilidades y acciones que fueren del caso, de llegar a determinarse acciones u omisiones que se hubieren producido en los procesos judiciales y que hayan facilitado y permitido la impunidad sobre la crisis bancaria.

En el informe se incluyó el pedido que se amplíe la investigación por parte de la Asamblea Nacional a Francisco Endara; recomiendan que el Consejo de Administración Legislativa recoja el informe presentado por la Comisión de Fiscalización y que el documento sea puesto a conocimiento del Pleno; profundizar la indagación para conocer a dónde fueron a parar esos 800 mil dólares de préstamo a Gastón Duzac.

Así mismo, en las conclusiones se determina que el gobierno no está vinculado con el caso Duzac; y que el Defensor del Pueblo y el Consejo de Participación Ciudadana verifiquen que la información difundida en los medios de comunicación fue veraz, oportuna y contextualizada, entre otros aspectos.

Last Updated on Tuesday, 30 October 2012 19:19
 


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