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La ignorancia de la Ley no excusa a persona alguna PDF Print E-mail
Written by Fernando Cáceres   
Friday, 26 April 2013 01:02

Prefecta y Consejeros provinciales de Cotopaxi podrían ser destituidos
Por cuanto al emitir la “Ordenanza que regula la contribución especial de mejoras generales para el rodaje y mantenimiento vial de la Provincia de Cotopaxi”, publicada en las páginas 39 y 40 del Registro Oficial N° 939 del martes 23 de abril del 2013, HAN INCUMPLIDO VARIAS DISPOSICIONES VIGENTES:

El artículo 226 de la Constitución de la República, dispone: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución” (Principio de legalidad de la ley).

El Código Civil menciona: “Art. 6.- La ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial y por ende será obligatoria y se entenderá conocida de todos desde entonces. Podrá sin embargo, en la misma ley, designarse un plazo especial para su vigencia a partir de su promulgación.”, norma que concuerda con el “Art. 13.- La ley obliga a todos los habitantes de la República, con inclusión de los extranjeros; y su ignorancia no excusa a persona alguna.”

Código Penal, art.3.- Presunción de conocimiento.- Se presume de derecho que las leyes penales son conocidas de todos aquellos sobre quienes imperan. Por consiguiente, nadie puede invocar su ignorancia como causa de disculpa”. Es decir que nuestros códigos sustantivos civil y penal se encuentra determinada de manera clara que la ignorancia o desconocimeinto de las leyes no excusa a persona alguna.

El Código Tributario menciona:

“Art. 1.- Ámbito de aplicación.- Los preceptos de este Código regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán a todos los tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros entes acreedores de los mismos, así como a las situaciones que se deriven o se relacionen con ellos. Para estos efectos, entiéndese por tributos los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales o de mejora.”

Art.2.- “Supremacía de las normas tributarias.- Las disposiciones de este Código y de las demás leyes tributarias, prevalecerán sobre toda otra norma de leyes generales".

En consecuencia, no serán aplicables por la administración ni por los órganos jurisdiccionales las leyes y decretos que de cualquier manera contravengan este precepto.

Art. 11.- Vigencia de la ley.- Las leyes tributarias, sus reglamentos y las circulares de carácter general, regirán en todo el territorio nacional, en sus aguas y espacio aéreo jurisdiccional o en una parte de ellos, desde el día siguiente al de su publicación en el Registro Oficial, salvo que establezcan fechas especiales de vigencia posteriores a esa publicación.

Sin embargo, las normas que se refieran a tributos cuya determinación o liquidación deban realizarse por períodos anuales, como acto meramente declarativo, se aplicarán desde el primer día del siguiente año calendario, y, desde el primer día del mes siguiente, cuando se trate de períodos menores.”

La Ordenanza que regula la contribución especial de mejoras generales para el rodaje y mantenimiento vial de la Provincia de Cotopaxi, publicada en las páginas 39 y 40 del Registro Oficial N° 939 del martes 23 de abril del 2013 debió aplicarse desde el primer día del siguiente año calendario, es decir, desde el 1 de enero del año 2014, y no cobrar la contribución desde el 8 de abril del 2013, pues el referente para su recaudación es la matriculación vehicular que se realiza cada año.

ANÁLISIS DEL ART. 4 DE LA ORDENANZA, dice: “Artículo 4.- Monto de la contribución.- La contribución especial de mejoras generales para el rodaje y mantenimiento de las vías intercantonales, interparroquiales e intercomunitarias de la provincia de Cotopaxi, se establece en el cuatro por ciento (4%) del salario básico unificado del trabajador, para los vehículos a motor de cero a tres toneladas; y de cinco por ciento (5%) del salario básico unificado del trabajador para los vehículos a motor de más de tres toneladas. Esta contribución especial se pagará anualmente, junto con el rubro de la matrícula de vehículo. El pago se realizará en las instituciones Financieras debidamente acreditadas, a las que se les autorice recaudar este tributo, mediante convenios que coordinará el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi.”

El COOTAD dispone “Art. 184.- Fondo especial para mantenimiento vial con el aporte ciudadano.- Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales podrán establecer una contribución especial por mejoramiento vial, sobre la base del valor de la matriculación vehicular, cuyos recursos serán invertidos en la competencia de vialidad de la respectiva circunscripción territorial. En las circunscripciones provinciales donde existan o se crearen distritos metropolitanos los ingresos que se generen serán compartidos equitativamente con dichos gobiernos.”

La Ordenanza Provincial fijó un monto de contribución no previsto en la ley, violando el principio de legalidad, que dice “En derecho público solamente se puede hacer lo que está escrito”.

En conclusión, la Ordenanza Provincial está violando lo que manda expresamente la ley, y, de conformidad con lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 2 del Código Tributario, que dice: “En consecuencia, no serán aplicables por la administración ni por los órganos jurisdiccionales las leyes y decretos que de cualquier manera contravengan este precepto”. Por lo tanto, no es legal el cobro de la contribución por rodaje. Ya que los usuarios de la vias pagamos los peajes respectivos, valores que deben ser reinvertidos en el mantenimiento vial provincial.

El COOTAD- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización” dispone

“Capítulo IV

Prohibiciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados

Art. 328.- Prohibiciones a los órganos legislativos.- Está prohibido a los órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados:

g) Aprobar ordenanzas, acuerdos o resoluciones que no hayan cumplido los procedimientos establecidos en el presente Código; y,

h) Las demás previstas en la Constitución y la ley.”

El COOTAD- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización” dispone que la base para la imposición tributaria es el valor de la matrícula. Al no cumplir esta disposición, se violó el procedimiento establecido en la ley. El Código Tributario dispone que los tributos se cobrarán desde el primer día del siguiente ejercicio fiscal; es decir desde el 1ero de enero del 2014, al cobrar esta contribución desde el 8 de abril del 2013, se violó la ley, ya que ésta resolución no tendría carácter retroactivo.

El artículo 226 de la Constitución dispone que el Consejo Provincial de Cotopaxi, como institución del Estado, solamente ejerza la facultad establecida en la ley. Al haberse atribuido la facultad de fijar tanto la vigencia de la ordenanza fuera de lo que manda la ley, como al haber establecido un monto de contribución no contemplado en la ley, ha violado también la Constitución.

El COOTAD, para salvaguardar la vigencia de la ley, establece lo siguiente:

Art. 332.- Remoción.- Los dignatarios de gobiernos autónomos descentralizados, en una sesión y con el voto conforme de las dos terceras partes de los integrantes del órgano legislativo, podrán ser removidos de sus cargos siempre que se hayan comprobado las causales que motivaron la remoción, siguiendo el debido proceso y las disposiciones contenidas en el presente Código.

Los miembros de elección popular, legislativos y ejecutivos, de los gobiernos autónomos no serán responsables por las opiniones vertidas en las sesiones, pero sí lo serán cuando contribuyan con sus votos a sancionar actos contrarios a la Constitución o a las leyes.”

“Art. 333.- Causales para la remoción del ejecutivo.- Son causales para la remoción del ejecutivo de un gobierno autónomo descentralizado las siguientes:

Incumplimiento, sin causa justificada, de las leyes y de las resoluciones legítimamente adoptadas por los órganos normativos de los gobiernos autónomos descentralizados;”

Art. 334.- Causales para la remoción de los miembros de los órganos legislativos.- Los consejeros o consejeras regionales, concejales o concejalas o vocales de las juntas parroquiales rurales podrán ser removidos por el órgano legislativo respectivo, según el caso, cuando incurran en cualquiera de las siguientes causales:

b) Estar incurso en cualquiera de las causales previstas para remoción del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado respectivo;”

Conclusión: para elaborar dicha Ordenanza hubo total desconocimiento o ignorancia de las leyes que debían aplicarse.

Las Autoridades pertinentes como el Defensor del Pueblo deben pronunciarse ante semejante abuso, que otra vez confirma la improvisación y falta de representatividad que adolece la Provincia de Cotopaxi.

Fernando Cáceres Cortez
ASAMBLEÍSTA NACIONAL POR COTOPAXI
25-004-2013

Last Updated on Friday, 26 April 2013 01:25
 


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